A apenas 40 kilómetros de la capital de Nepal, Kalli Kumari B.K., una mujer dalit de 46 años, fue acusada de “brujería”, golpeada sin misericordia, encarcelada y obligada a comer sus propios excrementos.
La directora de un colegio y un chamán de Thasingtole, en el distrito de Lalitpur, la acusaron de practicar hechicería y la torturaron durante dos días.
Los dalits (“intocables”) constituyen el sector más marginado en el sistema de castas.
“Siguieron golpeando mi cabeza y mis moretones. Me alimentaron con excrementos humanos y luego sacaron un cuchillo y comenzaron a cortar mi piel. No pude soportarlo más y tuve que aceptar que era una bruja, así dejaban de causarme tanto dolor”, dijo B.K. en un foro público realizado en Katmandú.
La dejaron ir cuando firmó una declaración aceptando que por su culpa estaba muriendo el ganado de la aldea, y asumiendo la responsabilidad si se perdían más animales.
Tras ser liberada, corrió a la policía local y presentó una denuncia. Por varios días, las autoridades no hicieron nada. Después de la presión de grupos locales defensores de los derechos humanos, la policía finalmente detuvo a la directora del colegio.
Sin embargo, ésta fue dejada en libertad tras pagar una fianza. Ahora recuperó su cargo en el colegio y vive en la misma aldea que B.K. “Vivo con miedo. Las personas que me torturaron todavía habitan esta aldea. ¿Y si vuelven en la noche y me llevan de nuevo?”, dijo desesperada.
Mientras, en Sunsari, 650 kilómetros al sudeste de Katmandú, Jabrun Khatun, de 26 años, fue sacada a la fuerza de su casa y golpeada en el medio de la aldea.
“Dijeron que era una bruja, que por mi culpa muchos niños y niñas se estaban enfermando, y me golpearon durante horas. Luego se pararon sobre mi pecho y me obligaron a comer excrementos humanos”, contó Khatun.
La mantuvieron encarcelada durante días hasta que niños del lugar la liberaron. Ahora está sola en su hogar, ya que su esposo debió ir a trabajar a la vecina India. “Hice todo el camino a Katmandú buscando justicia”, afirmó.
En Kalilali, en el occidente nepalés, Jugu Kumari Chaudharik fue acusada de practicar brujería cuando murió un miembro de su familia. “Fuimos a la estación de policía a presentar una demanda, pero dijeron que era un asunto personal y que debíamos resolverlo en la comunidad”, contó a IPS.
Activistas de género luchan desde hace años para terminar con esta forma de violencia contra las mujeres, pero el problema todavía es común en la meridional zona de planicies de Tarai, y en áreas donde prevalecen el analfabetismo y la pobreza.
“Una mujer educada, de una familia de altos ingresos y de una casta alta nunca es acusada de practicar brujería”, dijo Indu Pant, consejera sobre género de la organización CARE Nepal.
Urmila Bishwakarma, del grupo de medios dalits Jagaran Media Centre, ha documentado varios casos de mujeres de esa casta acusadas de hechicería y torturadas. Las dalits y otras minorías son las más vulnerables porque están marginadas social, cultural, financiera y políticamente, explicó.
Pant señaló que el problema se exacerba porque el Estado está por lo general ausente en esas regiones, y por tanto las víctimas no tienen a quién pedir ayuda.
“Incluso cuando intentan buscar ayuda de la policía se van sin respuesta, porque ésta considera que es un asunto privado y debe ser resuelto por la comunidad. Esta cultura de impunidad deja a los perpetradores libres”, indicó.
Sri Kanta Poudel, portavoz de la Suprema Corte, explicó que existe un vacío legal cuando se trata de castigar a los responsables de esos delitos.
“No hay provisiones de compensación o reintegración de las víctimas a la sociedad. Esa es la debilidad de nuestro sistema de justicia”, reconoció.
Activistas por los derechos humanos como Kapil Shrestha sostienen que es una gran vergüenza para Nepal este tipo de delitos, y lamentan la falta de leyes eficaces que permitan castigar a los responsables.
“Somos parte de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), que tiene estrictas provisiones contra la violencia de género”, explicó Shrestha.
“Podemos no haber diseñado nuestras leyes de acuerdo con la Convención, pero una vez que un país ratifica un pacto internacional tiene la obligación de seguir sus provisiones”, añadió.
Bishwakarma, del Jagaran Media Centre, dijo que si el Estado realmente quisiera poner fin al problema, aprobaría e implementaría leyes más severas para impedir que los responsables salgan impunes.
“El gobierno anunció que Nepal estaba libre de la ‘intocabilidad’ (segregación de los dalits), pero eso no es suficiente”, afirmó. “Debe traducir las palabras en acciones, hacer leyes, implementarlas en forma adecuada para que se detenga esta forma de violencia contra las mujeres”.
Bishwakarma dijo que el Estado debería intervenir de inmediato y buscar formas adecuadas de rehabilitar a las que han sido acusadas de brujas y torturadas.
“Está mal que víctimas como Kalli B.K. vivan en la misma comunidad que los perpetradores. ¿No es responsabilidad del Estado hacer que cada ciudadano se sienta seguro? ¿entonces por qué Kalli todavía tiene miedo de que regresen quienes la torturaron?”, afirmó.
Bishwakarma dijo que, en el largo plazo, el Estado debería garantizar representación de las comunidades más marginadas en la toma de decisiones para que estos problemas puedan ser incluidos en las políticas.
Por su parte, la activista Shrestha subrayó la importancia de campañas de educación en áreas donde prevalece la caza de brujas.
“Esto debe estar en nuestro plan de estudios para que los niños y niñas aprendan pronto sobre las supersticiones. Hay que incluirlo también en los manuales de entrenamiento de policías, y las organizaciones deben salir de las áreas urbanas e ir al terreno para trabajar con las comunidades”, sostuvo.
“Se trata de cambiar el comportamiento y la mentalidad de nuestra sociedad, y eso definitivamente va a tomar un tiempo y no va a ser fácil”, añadió.
(FUENTE: costaricahoy.info)
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